La provincia aceptó una oferta de la Cooperativa de Strobel en el marco de una demanda judicial

En 2013, la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Strobel Ltda. había sido condenada por la Justicia a pagar al Estado entrerriano una importante suma de dinero en el marco de una demanda civil que impulsó este último contra la institución por obras públicas no realizadas, pese a haber sido enviados los subsidios para tal fin.

La historia tiene un largo derrotero y sus protagonistas (que fueron condenados) y el desarrollo deben ubicarse en la época de los `90, pero ahora cuando hubo un acuerdo entre el gobierno provincial y la institución del departamento Diamante sobre el fallo judicial que ordenó a las actuales autoridades a pagar al Estado, supo Recintonet. En ese escenario, la Cooperativa ofreció a la provincia cobrarse los derechos de una sentencia favorable a la primera en una causa civil que inició contra los exdirectivos condenados.

Para poner en contexto: la deuda que reclamó la Fiscalía de Estado a través de dos demandas (una ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº2 y otra en el Juzgado Civil y Comercial Nº8, ambos de Paraná) se originó en 1996, cuando el gobierno entrerriano recibió dos descuentos, que totalizaban casi 2 millones de pesos en 2013 -año de la condena judicial- de la coparticipación federal, por el desfalco que protagonizaron el ex presidente de la asociación, Omar Kranevitter; el ex vicepresidente, José Oliva y el ex tesorero Luis Martínez, los tres condenados por la Justicia en junio de 2010, según sintetizó años atrás Diamante Noticias.

Los tres condenados integraron la Comisión Directiva durante la década del 90 cuando la cooperativa recibió 1,2 millones de pesos-dólares en concepto de subsidios y Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para realizar la red cloacal, que no fue concretada.

Paralelamente, el Ejecutivo provincial, al que la Nación le descontó 260.463 pesos, en 1996, y otros 597.050 por irregularidades en la rendición de cuentas de las obras supuestamente realizadas, entabló las dos causas contra la cooperativa. Estos procesos judiciales “no buscaban, a decir verdad, recuperar el dinero que la cooperativa jamás podrá reintegrarle porque no tiene ni siquiera en su patrimonio neto esa suma (mucho menos actualizada a los valores actuales), sino que fue una acción que el organismo se vio obligado a promover porque es su deber velar por los intereses y actos del Estado. Pero también para evitar eventuales acusaciones de inacción o pasividad, frente a semejante perjuicio económico causado a todos los entrerrianos”, sostenía en 2013 el medio diamantino.

Incluso en mayo de 2013, el diputado provincial Jorge Monge había promovido un proyecto de ley donde pedía al Ejecutivo entrerriano que instruyera al fiscal de Estado, para que desista de los procesos que el Gobierno Provincial mantenía con la cooperativa mencionada. “De tener resolución favorable a quien lo promueve, provocarían sin lugar a dudas la quiebra de la institución y con ello la imposibilidad de prestar el servicio público que brinda, lo que ocasionaría graves daños sanitarios en la comunidad de Ströbel”, argumentó en ese momento, meses antes de la sentencia condenatoria.

 

Una autorización para aceptar una propuesta

Sin embargo, cuatro años después de la sentencia, llegó una autorización para aceptar una propuesta de la Cooperativa, tras una actuación iniciada por la propia institución. Este 17 de octubre fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto Nº 717 GOB, fechado el 18 de abril de este año, que establece: “Autorícese a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Entre Ríos a aceptar el ofrecimiento de allanamiento y pago hecho por la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Strobel Ltda. En los actuaciones caratuladas “Provincia de Entre Ríos c/ Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Strobel Ltda. y Otro s/ Ordinario (Civil) (Daños y Perjuicios)” – Expte. N° 10294”. El decreto lleva las firmas del gobernador Gustavo Bordet y el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri.

En los considerandos del decreto, al que accedió Recintonet, el gobierno recordó que en esa causa se reclamó a la “Cooperativa la devolución la suma de pesos quinientos noventa y siete mil ochocientos setenta y cuatro con trece ctvos. ($ 597.874,13), resultando esta responsabilidad concurrente con la del Sr. Guillermo Adolfo Rotger pero hasta la suma de pesos cuatrocientos sesenta y siete mil cincuenta con cincuenta y cinco ctvos. ($ 467.050,55). Ambas con más intereses y costas por repetición de subsidios oportunamente otorgados que no fueran utilizados para el destino correspondiente, la realización de una obra pública”. Y que a ésto la Cooperativa “esgrimió como defensa a su posición, que esta situación fue consecuencia directa y exclusiva del proceder de quienes integraban en esa época el Consejo Directivo”.

Según recordó luego el gobierno, hubo una causa penal contra Kranevitter, Oliva y Martínez “donde estableció la responsabilidad penal de los directivos de la cooperativa y donde la cooperativa se constituyó como actor civil obteniendo sentencia favorable de condena contra Omar Orlando Kranevitter, Luis Fernando Martínez y José Luis Oliva, condenándolos “in solidum” a abonar a la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Strobel Ltda. en concepto de daño material sufrido la suma de ochocientos veinticinco mil pesos ($ 825.000)”. Con esta sentencia favorable a la cooperativa, la institución ofreció al gobierno provincial “allanarse a la pretensión y ceder como pago los derechos que surgen de la sentencia a favor dictada en sede penal contra quienes fueran directivos de esa cooperativa a la fecha de los hechos por los que se demanda”.

Esta propuesta no tuvo objeciones por parte del Tribunal de Cuentas, y la provincia autorizó a la Fiscalía a aceptar el pago a través de esa sentencia.

Fuente: RecintoNet