Combo nefasto: egoísmo y mezquindad corporativa

Si alguien se tomase el trabajo de recopilar la dimensión de la tarea legislativa aunque más no sea en la última década y el grado de efectividad de cada uno de los sentados en una banca, el resultado no sería muy halagüeño. Con honrosas excepciones, el balance es muy limitado en torno de la esencial tarea de generar leyes, pero en paralelo se soporta la irrespetuosa manía de no pocos organismos (y en especial su cabeza que es el Poder Ejecutivo), que dejan transcurrir el tiempo sin responder los pedidos de informes, enviándolos a algún archivo muerto.

Por Luis María Serroels
(Especial para ANALISIS DIGITAL)

Esto haría incurrir a los perezosos en incumplimiento de los deberes de funcionario público. Dos cuestiones molestan al colectivo social: la falta de reglamentación de preceptos constitucionales (el art. 62º fija sanciones para el funcionario renuente otorgando para ello un año a partir de la sanción de la norma que lo impone, en tanto implique la negación de un derecho, incluyendo al gobernador). Ante trascendentes normas que se soslayan sin argumento valedero, los afectados pueden demandar directamente ante el Superior Tribunal de Justicia la condena del responsable. La otra cuestión –no menos grave- es patear para adelante sin justificación, importantes proyectos de ley. La pereza “sin querer queriendo” (como dice El Chavo del 8), es condenable si se advierte que existen iniciativas que favorecen a todos los ciudadanos y por celos o envidia suelen cajonearse. Abordamos hoy sólo algunos casos pero hay muchos más (lo que ocurre es que en el periodismo tiempo y espacio son dos condicionantes que no se pueden desterrar). Juzgue el lector si este virtual corporativismo legislativo se compadece con las sanas prácticas democráticas).

En simultáneo con declaraciones del diputado Alejandro Bahler (Frente Renovador) donde dice haber tenido cerradas las puertas del gobierno provincial y además confirma una reunión con el titular de la Cámara Baja, Sergio Urribarri, donde se habló de los proyectos presentados por el legislador “que no han salido”, accedimos a datos sobre falta de debate y aprobación de importantes iniciativas a cargo del diputado Jorge Monge (Cambiemos), conformando un cuadro preocupante que en ámbitos políticos se atribuye a egoísmo y a ciertos vientos corporativos que cruzan el recinto de sesiones.

Bahler manifestó “tener dormidos unos 19 proyectos, sin que se hayan tratado ni siquiera en comisión”, además de dar cuenta de la falta de diálogo con el gobernador Bordet. En tren de posicionamiento político y la posibilidad de sumarse al bloque del justicialismo, respondió “no estar en condiciones de decir qué va a pasar a nivel político en 2019 o mediados de 2018”, ya que “está a la vista que hay dos grandes estructuras políticas y no hay espacio para una tercera línea”. ¿Quién asegura que ese cruce hará que sus iniciativas prosperen?

El diputado contó que su carencia de diálogo con el mandatario data de hace unos 21 meses, pero reconoció haber sido muy crítico desde su banca (lo cual en democracia no debería ser un impedimento). No obvió reflexionar desde “su absoluta soledad”, que “todos se han ido al oficialismo”, quedando solo en su bloque, “presentando proyectos, cumpliendo la promesa hecha en campaña con la gente y respetuoso de los 123.000 votos que me llevaron a la banca”. Analizando este contexto no es difícil imaginar las razones de la falta de apoyo a sus iniciativas. Tras afirmar que “cada presidente de cada comisión es responsable”, admitió haber hablado con el presidente Urribarri y el titular del bloque oficialista Juan José Bahillo sin resultado positivo (sus 19 proyectos ignorados parecen certificarlo). Bahler ha sido un denunciante pertinaz frente a lo que consideró apartado de las normas legales.

Por su lado el diputado Jorge Monge (Cambiemos) nos remitió una breve reseña sobre importantes iniciativas suyas que no se aprueban y otras que directamente no se tratan. El legislador diamantino (que en los dos últimos períodos presentó 59 iniciativas de ley -algunas ya aprobadas- no consiguió empero que se lo haga con otros importantes proyectos. Entre ellos, el que apuntaba a que se hagan cumplir los deberes de fiscalización de la Unidad Operativa de Control del Agente Financiero (Bersa), en razón de fallas en la atención de los usuarios. Y además, se deja sentada la preocupación por la tercerización del Agente Financiero hacia quioscos, drugstores y comercios de similar condición, en tareas de cobranzas. Señala que ello causa trastornos a los usuarios “desligándose de algunas responsabilidades propias”. Y remata que “no se tiene en cuenta un marco mínimo de seguridad y estándares mínimos de atención”.

Añade que dicha Unidad Operativa “luce por ausencia y el representante negoció la prórroga de un contrato claudicante del interés provincial”, remarcando que el Bersa es el Agente Financiero único y monopolizador de todos los fondos públicos y constituyentes del presupuesto, créditos, cuentas, haberes, juicios, jubilaciones y pensiones de la provincia, las municipalidades y las comunas. No hay que ser muy despierto para colegir que el oficialismo en la Cámara Baja no le pondría piedras en el camino a la decisión urribarrista de prorrogar el contrato con el banco.

Parece un tema menor, no así para quienes soportan fuertes incomodidades, el proyecto del legislador para que se interese formalmente al Director Ejecutivo de la Anses para la apertura de una oficina de dicho organismo en la ciudad de Diamante (sus pobladores y los del interior departamental, no son ciudadanos de segunda sino sujetos con pleno goce de todos los derechos). Monge alude a que la multiplicidad de funciones que el ente desarrolla, genera una fuerte congestión que se reduciría instalando oficinas y por ende ahorrando tiempo y molestias a miles de personas.

Hubo desde su banca otros intentos sin suerte: la regulación de los pedidos de informes y datos que la Legislatura realice al Poder Ejecutivo en todos sus estamentos. No es ninguna nimiedad que la sordera, desidia o conveniencia archive cada trámite que debe ser respondido concreta, clara y puntualmente, acompañado de la debida documentación.

El plazo-puntualizó Monge-, debe ser de cumplimiento obligatorio, recordando que estos pedidos “constituyen una herramienta de contralor, un elemento esencial del control republicano sobre los actos de gobierno, que en la mayoría de los casos quedan sin respuesta”. La falta en que se incurre puede llevar a ser acusado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Figuran además sin tratarse, un pedido para instalar al menos un cajero automático en las Juntas de Gobierno de 1ra., la Ley de Mecenazgo Cultural y nada menos que la reglamentación del Derecho a la Información Pública (art. 13º del estatuto provincial), un precepto que a ciertos funcionarios parece generarles urticaria.

Finalmente, es lamentable que otra iniciativa de Monge no haya logrado revertir la vergonzosa actitud legislativa (días antes de transferirse el gobierno provincial) de aprobar la Ley Orgánica del Ministerio Público dejando afuera la Fiscalía especializada en delitos de corrupción administrativa, artera maniobra que fuera calificada por un letrado como “escándalo jurídico e institucional”. El intento de Monge (acompañado por legisladores de su bloque) naufragó por obra de intereses teñidos de corporativismo. Este órgano autónomo está inserto en el art. 208º de la carta entrerriana para frenar a los corruptos. Es que en las filas del oficialismo el temor nunca fue tonto.