Caso Navarro: el defensor de Diamante no advirtió maltrato
Desde 2014 Luis Lescano mantenía entrevistas periódicas con el chico abandonado horas en un vehículo, pero recién el viernes encontró indicios de violencia.
Solicitó la suspensión provisoria de la guarda preadoptiva. Se definirá la competencia del caso
El defensor de Menores de Diamante, Luis Sebastián Lescano, fue el primero en entrevistarse con el chico de 11 de años que estuvo encerrado varias horas en una camioneta en el centro de Paraná. En los Tribunales de Paraná escuchó el relato del niño previo a que fuera revisado por un médico forense y cuando todavía permanecía conmocionado por lo que había sucedido desde que la persona que estaba a su cargo, el abogado Martín Navarro, lo dejó en el vehículo para dirigirse a realizar trámites laborales en la zona del centro cívico. Lo escuchado por el abogado en ese breve encuentro fue determinante para que solicitara la suspensión provisoria de la guarda preadoptiva al Juzgado de Familia y Penal de Niños Adolescentes, a cargo de la jueza Ana Cristina Quinteros Fagetti. «Lo que escucho es contundente», admitió Lescano en declaraciones a UNO.
Aquella tarde del viernes 2 de diciembre, el defensor de Diamante llegó hasta Paraná por orden del Ministerio Público de la Defensa, que dirige Maximiliano Benítez. No solo propuso que se suspenda la guarda de adopción que en 2014 había otorgado la jueza María Eleonora Murga, sino que radicó una denuncia por Lesiones y amenazas que en primera instancia recayó en manos de la fiscal Paola Farinó. No es la primera vez que Lescano y el nene están cara a cara: por lo menos, desde hace dos años, mantienen entrevistas frecuentes en el marco del proceso judicial que ahora está en el ojo de la tormenta. Sucede que en ese período la jueza Murga, en la actualidad titular del Juzgado de Familia Nº 3 de Paraná, otorgó la guarda con fines adoptivos que desde octubre de 2013 tramitaba el abogado Martín Navarro junto a su esposa Viviana Almada.
Ante la consulta de si se había advertido alguna situación de violencia durante su actuación como Defensor, Lescano respondió: «No. Después de que la doctora Murga otorgó la guarda, lo escuché al nene durante un año y medio, y no surgían indicadores. El expediente venía bien, dentro de los parámetros normales. De las entrevistas que tuve con el nene en Diamante no surgía nada». Según reconoció el letrado, mientras se sustanciaba el proceso de guarda, no solo se evaluaba a los hermanos de 7 y 11 años, sino también a sus guardadores. Y aquí surgió un dato para nada menor: los hermanos recibían tratamiento psicológico, pero habría sido suspendido a pedido del matrimonio Navarro/Almada por razones que se desconocen. Ante esta irregularidad, desde el Juzgado de Diamante se reclamó la renovación de la asistencia profesional.
La competencia del caso
El caso que involucra al abogado que se desempeñara en la Defensoría del Pueblo de Paraná, denunciado por presunto maltrato infantil, requirió la intervención de varios organismos del Estado. Por un lado, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), que atento a lo sucedido dictó una medida de protección excepcional de los hermanos durante 60 días y designó a un referente comunitario que estará a cargo de la guarda. En este caso, el control de la aplicación de la medida corre por cuenta del Juzgado de Familia Nº 2 de Paraná, que conduce María Victoria Solari.
En forma paralela, en la Justicia provincial está en su etapa primigenia la investigación penal que primero recayó en la fiscal Paola Farinó, y que luego asumió su colega, Natalia Tafarel. Si bien el defensor de Menores de Diamante había radicado una denuncia por lesiones y amenazas, luego el Ministerio recaratuló la causa como Lesiones leves y dispuso una medida de restricción por un plazo de 90 días, durante los cuales la pareja que pretendía lograr la adopción no podrán acercarse a los chicos ni a la vivienda donde se encuentran alojados a cargo de una persona designada por el Copnaf.
Se podría decir que estos son los mecanismos legales y administrativos que se fueron habilitando con el fin de resguardar la integridad y los derechos de los niños. Pero en los días que vienen también quedará planteada una nueva discusión. Por una cuestión de competencia, en algún momento se deberá definir cuál de los dos juzgados tendrá la potestad de intervenir en el caso. En principio, las juezas de Familia de Paraná y Diamante deberían ponerse de acuerdo sobre cómo resolver el asunto. Si no existiera un acuerdo en materia jurisdiccional, entonces en última instancia tendría que pronunciarse la Cámara Civil. Según pudo averiguar UNO, la magistrada de Diamante, Ana Cristina Quinteros Fagetti, no estaría dispuesta a excusarse, incluso se adelantó que haría un planteo para que el caso continúe en la órbita del Juzgado a su cargo.
Por otra parte, el defensor Lescano elevó un pedido a la mencionada jueza para que solicite informes al Copnaf sobre las medidas que se han resuelto en favor de los hermanos desde que el caso cobró trascendencia pública. Como es sabido, los chicos se encuentran a cargo de un adulto mayor en una vivienda de la ciudad de Paraná hasta tanto se resuelva la denuncia penal contra Navarro, aunque esa situación podría variar según lo que surja del seguimiento que realiza el organismo que dirige Marisa Paira. La institución estatal quiso preservar en todo momento el círculo de relaciones de los hermanos, así como también evitar que fueran derivados a una residencia socioeducativa mientras dure la medida de protección.
No se haría la declaración en cámara Gesell
A más de una semana de conocerse los ribetes de un caso que puso en el centro de la escena no solo la conducta de una pareja que pretendía hacerse cargo de la adopción de dos hermanos, sino que también dejó al descubierto el rol de la Justicia cuando debe decidir el futuro de niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, se producen los primeros avances de la investigación judicial.
La fiscal que dirige la investigación, Natalia Tafarel, habría pedido que el miércoles los chicos prestaran declaración en cámara Gesell, pero la medida encontró el rechazo del Ministerio Público de la Defensa porque se expone a los chicos nuevamente, y que podría recurrirse a otros medios probatorios.
