Trabajadores de IAPV afirman que está en riesgo la vivienda social

Trabajadores del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) de Entre Ríos se reunieron con legisladores provinciales y nacionales. Afirman que “Está en riesgo la vivienda social”.

En la sede central del IAPV, ubicada en Laprida 351 de Paraná, los trabajadores del organismo se volvieron a reunir en asamblea para analizar la política habitacional del Gobierno nacional junto a legisladores entrerrianos y reclamar la derogación de la Resolución 122 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.

De la reunión realizada días atrás, participaron diputados provinciales y representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado, como de los gremios docentes AMET y Agmer Paraná.

“Estamos preocupados por la toma de fondos del Instituto. Hay una resolución a nivel nacional donde nos ponen un tope a partir del cual vamos a poder construir sólo para una franja de hasta 16 mil pesos de ingreso familiar. El resto de los inscriptos van a tener que pasar a la banca privada a solicitar créditos hipotecarios, con lo cual la mayoría no va a poder hacer”, explicó Silvina Gélvez, delegada de ATE en IAPV. “Entonces dejamos de construir una vivienda social tanto para ingresos medios como para gremios y demás. Con esto también se ve afectada nuestra fuente laboral porque prácticamente no vamos a tener a quién construir”, advirtió.

Desde el sector rechazan el techo de ingresos propuesto desde la nación y la importación de viviendas de China, con la que “se deja de lado la mano de obra local para comprar viviendas prefabricadas extranjeras”, señalaron.

Con la medida, sostuvo, “se va a ver afectada la mano de obra local, la construcción, el comercio vinculado a los materiales de construcción y demás. Es toda una cadena la afectada, no sólo los empleados”.

Con la Resolución 122, afirmó. “Está en riesgo la vivienda social. Como trabajadores estamos más que preocupados. Defendemos la vivienda social y el federalismo en la construcción”.

Por su parte, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, sostuvo que la medida “tira por tierra el trabajo de los institutos”. Subrayó “la responsabilidad política que tienen los gobiernos provinciales de definir qué van a hacer con respecto a la Resolución, qué opinión tienen, porque no es un problema que tienen sólo los trabajadores con sus fuentes de trabajo sino que también se ataca al corazón del Estado, donde más necesitamos, que es la vivienda digna”, apunto.

El dirigente reclamó que “se derogue la Resolución 122. De lo contrario esta lucha se va a acrecentar porque está en peligro la fuente de trabajo y la vivienda digna”.

Políticas de vivienda

En diálogo con EL DIARIO, el diputado provincial Gustavo Zavallo expresó preocupación “por esta idea del gobierno nacional de cambiar los requisitos y a donde apuntan las respuestas a las demandas habitacionales que tiene la Argentina”, dijo y añadió: “Me parece una idea equivocada tratar de que los demandantes de viviendas vayan al sector bancario y no revalorizar el rol que han cumplido a lo largo de la historia los Institutos de Vivienda, que generalmente se han encargado de dar respuestas a los sectores más vulnerables y postergados, a los que se les hace difícil el acceso a crédito a través de los bancos”.

El legislador sostuvo aprobó que “las cosas que tengan que perfeccionarse, se hagan”, pero sostuvo que ello ni puede significar “vaciar el Instituto y darle esos recursos al sector financiero para que sean los encargados de dar respuesta, porque sabemos que el rostro humano lo tiene que brindar el Estado, lo otro es un comercio ligado a altas tasas”. Asimismo planteó que “si esto llega a concretarse va a haber una transferencia de todos los recursos y demandas al sector financiero. Como Estado debemos defender a los sectores más vulnerables”.

Por su parte, el diputado Juan José Bahillo analizó: “La situación es muy delicada como consecuencia de una decisión del Gobierno nacional”. Sostuvo que hay un “vaciamiento de los institutos provinciales de la vivienda, pese al rol importante que cumplen en trazar políticas habitacionales que den respuesta, en este caso, a los entrerrianos”.

Bahillo destacó el rol de estos organismos que “tienen una mirada integral de la provincia, trabajan articulando con los Municipios para garantizar la factibilidad de las viviendas, los servicios públicos, las condiciones de infraestructura para acceder a la vivienda. Prescindir de los institutos provinciales a la hora de llevar adelante la construcción de vivienda es condenarse al fracaso”, enfatizó.

A lo largo de estos años, contabilizó, “han permitido la construcción de miles de viviendas. Tengamos en cuenta que se tenía un ritmo permanente de obras de 4 mil viviendas, y a mitad de año vamos a estar sólo con 700 viviendas en ejecución”.

En ese sentido, sostuvo, “Los técnicos de IAPV explicaban que de cada 10 solicitudes que tienen, con el nuevo sistema a partir de esta resolución, siete quedan afuera de la posibilidad de contenerlos. De esos siete, sólo tres estarían en condiciones de acceder al nuevo sistema. O sea que estimaban que casi el 50% de la demanda que hay en el IAPV con las nuevas líneas de trabajo quedarían sin capacidad de respuesta, por lo que a la mitad de los entrerrianos que están esperando una vivienda le tendríamos que decir que va a ser imposible otorgársela”.

Ronda de reuniones

Los trabajadores del IAPV también se había reunido con los legisladores nacionales del Frente para la Victoria (FpV) Julio Solanas, Juan Manuel Huss, y Lautaro Gervasoni, con quienes compartieron la preocupación por el “desfinanciamiento” y “vaciamiento” del Instituto por parte del gobierno nacional.